La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el principal regulador de privacidad de Europa, ha puesto a Instagram bajo su lupa. La investigación se inició después de una serie de informes que la popular aplicación habría expuesto los datos de millones de usuarios menores de edad. Si las investigaciones demuestran que Instagram realmente ha violado la ley de privacidad europea, la compañía podría ser multada con miles de millones de dólares.
La supuesta exposición de las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los usuarios sería causada por una falla en el sistema que los habría expuesto cuando los usuarios han transformado su perfil de personal a corporativo. Con una cuenta comercial, de hecho, es posible obtener estadísticas sobre el progreso de las publicaciones y el perfil en sí. En este paso, por lo tanto, el correo electrónico y el número de teléfono se hicieron públicos y cualquiera podría haber contactado al usuario.
Además, esta información podría recopilarse, hasta el año pasado, utilizando la versión web de Instagram, ya que está incluida en el código. Según David Stier, un informático estadounidense que descubrió la falla, se expusieron millones de datos personales de menores. La investigación será doble. Por un lado, la DPC intentará investigar si se han tomado todas las medidas necesarias para el correcto tratamiento de los datos personales, especialmente de menores, y si Facebook aplica las restricciones adecuadas en la plataforma para menores. Por otro lado, examinará si Instagram está cumpliendo con las normas sobre protección de datos personales (RGPD).
“Siempre hemos tenido claro que cuando las personas optan por crear una cuenta comercial en Instagram, la información de contacto que han compartido se muestra públicamente. Es muy diferente a exponer la información de las personas " un portavoz de Facebook explicó a la BBC.
La empresa se arriesga a pagar una fuerte multa. La autoridad tiene la facultad de imponer sanciones equivalentes al 4% de la facturación global o 20 millones de euros. Sin embargo, la decisión de la DPC debe compartirse primero con las demás autoridades europeas para luego formular la decisión final.
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